La defensa de la fe y la libertad de culto que desde su perspectiva se veía amenazada por el gobierno de Calles, era considerada una misión a la cual estaba predestinado. Por eso tomaron las armas y por eso, en algunas regiones, sobre todo en las más conservadoras, los creyentes católicos se organizaron en contra el estado.
La guerra cristera fue una lucha desigual y fratricida que alcanzó a cubrir tres cuartas partes del territorio nacional con 50 mil creyentes, además del apoyo logístico que se les brindaba en ciudades y pueblos.
Con la aplicación de la Ley Calles, que consta de 33 artículos en contra de la iglesia católica, se complico más la situación que ya venía privando desde la primera década del siglo. El 31 de julio de 1926 los obispos mexicanos, como protesta, decidieron suspender el culto en los templos; dicha suspensión duro hasta el 21 de julio de 1929 cuando se llevaron a cabo los “arreglos” entre el presidente Emilio Portes Gil y los señores obispos Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz Barreto, nombrados por el papa Pio XI para negociar el armisticio.
La persecución y las leyes inicuas también provocaron que el pueblo se alzara en armas en defensa de la libertad religiosa. Murieron así muchos de nuestros antepasados que no dudaron en entregar su vida con una rosa de balas en el pecho y una rosa de fuego en los labios de “¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!”.
Durante las siguientes décadas la lucha armada había dejado de ser una opción, las diferencias entre ambas instituciones no se habían resuelto y las esperanzas en su relación continuaron latentes. Ambas, iglesia y Estado, mantuvieron un profundo silencio con respecto al conflicto y, por supuesto, tampoco contemplaron hacer un balance sensato de su actuación en el periodo. Tal vez con ello se pretendía borrar de la memoria colectiva este episodio vergonzoso y así exculpase de su responsabilidad frente a la historia.
